Una nueva ley israelí que legaliza decenas de asentamientos ilegales distantes en Cisjordania fue fuertemente criticada el martes por algunos de los aliados más cercanos de Israel, mientras grupos locales defensores de los derechos humanos se preparaban para solicitar a la Corte Suprema que revoque la medida.

En medio del alboroto, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump permanecía callado respecto a la ley, allanando el camino a la posibilidad de mayores acciones por parte de envalentonados israelíes de línea dura antes del viaje del primer ministro israelí a la Casa Blanca la próxima semana.

La ley fue "un primer paso de una serie de medidas que debemos tomar para que nuestra presencia en Judea y Samaria sea por años, por décadas, por muchísimo tiempo", dijo el ministro del gabinete israelí Yariv Levin, utilizando el nombre bíblico para Cisjordania. "Creo realmente que nuestro derecho sobre nuestra madre patria es algo que no puede ser negado".

Con la ley, la cual fue aprobada el lunes, se busca legalizar decenas de asentamientos ilegales en Cisjordania que fueron construidos en terrenos palestino privados. Los impulsores de la legislación aseveraron que las comunidades, donde residen miles de personas y algunas de las cuales tienen décadas de existencia, fueron construidas "en buena fe" y respaldadas calladamente por una serie de gobiernos israelíes.

Pero quienes critican la medida señalaron que la ley equivale a legalizar el robo de tierra. Dijeron además que es jurídicamente problemática al imponer la ley israelí en un territorio ocupado que no es territorio israelí soberano y donde sus residentes palestinos no tienen ciudadanía ni el derecho a votar.

Los palestinos buscan que Cisjordania y Jerusalén Oriental, capturados por Israel en la guerra de Medio Oriente de 1967, sean parte de un futuro Estado independiente. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes y contraproducentes al esfuerzo de paz. Aproximadamente 600,000 israelíes viven actualmente en las dos áreas.

En París, el funcionario palestino Saeb Erekat dijo que la ley "coloca el último clavo en el ataúd de la solución de dos Estados" y acusó al gobierno israelí de "tratar de legalizar el saqueo de tierra palestina".

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que lamentaba profundamente la ley y que está "en contravención de la ley internacional y tendrá consecuencias jurídicas de largo alcance para Israel".

"El secretario general insiste en la necesidad de evitar cualquier acción que pudiera descarrilar la solución de dos Estados", dijo el vocero Stephane Dujarric.

Algunos de los aliados más cercanos de Israel, incluidos Alemania, Gran Bretaña y la República Checa, también condenaron la legislación.