Los centros de embarazo en crisis están bajo ataque en todo el país.

Bombas incendiarias, vandalismo y amenazas mortales: los activistas proabortistas han atacado al menos a 63 organizaciones provida desde que se filtró al público en mayo el borrador de la opinión del Tribunal Supremo que anulaba el caso Roe contra Wade.

Un nuevo informe del Instituto de Libertad Religiosa  (RFI) revela los detalles de esta oleada de violencia, así como la incapacidad de las autoridades federales para condenarla, creando un entorno "permisivo" que podría conducir a una escalada de agresiones.

Los ataques se han producido en 26 estados, así como en Washington DC, y han incluido grafiti, mensajes amenazantes e incendios provocados.

RFI recurrió a la ayuda de un antiguo experto en antiterrorismo e inteligencia del FBI para evaluar los delitos y ofrecer una previsión para las organizaciones provida.

El informe destaca cómo los funcionarios del gobierno han minimizado o ignorado estos ataques.

"Lo que nos ha sorprendido es la falta de respuesta", dijo Nathaniel Hurd, responsable de políticas públicas de RFI.

Hurd señaló que, aunque las fuerzas de seguridad locales, el FBI, el Departamento de Justicia y la Seguridad Nacional han investigado algunos de los casos, los altos cargos han dicho muy poco.

"Las únicas declaraciones públicas que conozco en respuesta a estos ataques han sido cuando los miembros del Congreso le han preguntado al respecto en las audiencias del Congreso o a través de otra supervisión del Congreso", dijo Hurd.

Anne O'Connor, consejera principal de NIFLA, una organización nacional de centros de embarazo en crisis dijo que la falta de condena por parte de las autoridades ha sido sorprendente.

"Podríamos suponer que, si 50 Planned Parenthood hubieran sido objeto de vandalismo, de bombas incendiarias, probablemente habría un alboroto al respecto", dijo.

O'Connor dijo a CBN News que, hasta donde ella sabe, las autoridades aún no han realizado ninguna detención en ninguno de estos casos.

CBN News pidió al FBI que comentara sobre los sospechosos y las detenciones, pero no recibió ninguna actualización, sólo un comunicado en el que se reconocía que las investigaciones estaban en curso.

El informe de RFI también revela una ola de asaltos a lugares católicos con más de 30 iglesias que han sido atacadas desde la filtración de Dobbs. La mitad de ellos muestran el aborto como motivo.

Mientras que el presidente Biden aún no ha comentado públicamente los crímenes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desestimó la pregunta de un periodista al respecto. "Hablar de politizar todo esto es algo que creo que es exclusivamente estadounidense y no está bien", dijo.

La vicepresidenta Kamala Harris ha llegado a sugerir que la fe no debe influir en las opiniones de una persona sobre el aborto. En su intervención en la Asociación Nacional Bautista en Houston la semana pasada dijo: "Uno no tiene que abandonar su fe o sus creencias religiosas profundamente arraigadas para estar de acuerdo en que una mujer debe tener la capacidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

El informe de RFI predice más ataques e insta a las organizaciones e iglesias provida a reevaluar la seguridad y a reforzar las relaciones con las fuerzas del orden.

"Si la gente que quiere hacer daño a los provida, que quiere quemar sus centros de embarazo, que quiere hacer daño físico y violentar al personal y a los voluntarios -si creen que pueden hacer esto y salirse con la suya- cada vez más lo harán", dijo Hurd.