Vuelven a atacar un centro de embarazos pro vida en Massachusetts

Vuelven a atacar un centro de embarazos pro vida en Massachusetts

09-15-2022
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BOSTON, MA – A medida que el panorama del aborto en el país ha cambiado drásticamente a raíz de la filtración de la opinión del caso Dobbs de la Corte Suprema en mayo y el fallo en junio, los centros de embarazo en crisis en Massachusetts se han visto sometidos a una enorme presión. Los vándalos no solo destruyeron su propiedad y amenazaron su seguridad continua, sino que los funcionarios estatales y locales ignoraron en gran medida estos ataques y los acusaron de prácticas engañosas.

En julio en Worcester, extremistas violentos afiliados a la red a favor del aborto Jane's Revenge, pintaron con aerosol "Jane's Revenge" en la acera frente a la Clínica Clearway y rompieron las ventanas. A una hora de distancia en Revere, vándalos pintaron con aerosol "si el aborto no es seguro, tú tampoco" en la pared de ladrillos de la clínica Your Options Medical. 

Kelly Wilcox, directora ejecutiva de Clearway Clinic, recuerda que la policía los recibió afuera del edificio la mañana después del asalto. Ella dice que la intención de los vándalos era clara. “Están tratando de sacarnos del negocio atacándonos”.

Teresa Larkin, directora ejecutiva de Your Options Medical, dice que después de veinte años sirviendo a la comunidad, el crimen la conmocionó tanto a ella como a su personal. “Estábamos preocupados porque es una amenaza directa”, dijo.

Aunque el FBI está investigando los casos, los funcionarios públicos no se han presentado para apoyar a las clínicas o condenar a sus atacantes. No se han anunciado arrestos. En cambio, las autoridades locales y estatales han cuestionado si los centros de embarazo en crisis del estado se involucran o no en prácticas engañosas.

En Worcester y otras comunidades, los funcionarios de la ciudad están considerando medidas para penalizar a los centros de embarazo por posibles comunicaciones o prácticas engañosas.

Justo antes del vandalismo en julio, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey  , amenazó a los centros con un aviso al consumidor, advirtiendo al público que debía tener cuidado. "Queremos asegurarnos de que los pacientes puedan protegerse de tácticas engañosas y coercitivas", dijo Healey. Específicamente, advirtió Healey, "la mayoría de los centros de embarazo no son instalaciones médicas con licencia", que "algunos centros de embarazo en crisis ofrecen ecografías realizadas por personal sin licencia" y que "a menudo brindan información inexacta y engañosa sobre el aborto".

Anne O'Connor, vicepresidenta de asuntos legales de NIFLA, una organización nacional de centros de embarazo en crisis, cuestiona las afirmaciones de Healey y señala que de los 1600 miembros de NIFLA, 1400 son centros médicos.

“No estamos publicitando engañosamente. No estoy al tanto de ningún enjuiciamiento contra ningún centro de embarazo en ninguno de esos lugares”, dijo.

Mark Rienzi, presidente de Becket, un bufete de abogados de libertad religiosa con sede en Washington, DC, dice que los funcionarios del gobierno deben tener cuidado de no señalar a los enemigos políticos y prepararlos para un castigo especial. “La Primera Enmienda está diseñada para evitar que los gobiernos elijan solo un lado del debate, declarando que es verdad y castigando al otro lado”, dijo.

En la decisión de la Corte Suprema NIFLA v. Becerra de 2018 , los jueces dictaminaron que exigir que los centros de embarazo de California publiquen avisos de aborto violaba los principios de la Primera Enmienda sobre el discurso forzado. Rienzi dice que el fallo y otros dan a los centros de embarazo basados ​​en la fe una base legal firme en el futuro. 

“Espero que si los centros de embarazo necesitan luchar, eventualmente ganarán porque están participando en una expresión pacífica y libre, solo con un punto de vista que no le gusta al gobierno local”, dijo.

Esta semana, una coalición de centros estatales de embarazo en crisis que trabajan con el Instituto de la Familia de Massachusetts y el Instituto First Liberty  le pidieron a Healey que retirara el aviso y la llamaron a liderar las investigaciones.

"Es indignante que el Fiscal General tenga como objetivo los centros de embarazo que ofrecen servicios médicos esenciales", dijo Jeremy Dys, abogado principal de First Liberty. "La fiscal Healey tiene la obligación legal de proteger todas las instalaciones de salud reproductiva, no solo las que ella favorece políticamente".

Andrew Beckwith, presidente del Instituto de la Familia de Massachusetts, dijo que la acción de Healey debería ofender a todos. "La selección del Fiscal General de los centros de recursos para el embarazo muestra una hostilidad hacia los centros de embarazo basados ​​en la fe", dijo.

Larkin y Wilcox dicen que su misión es educar a las mujeres sobre todas sus opciones, utilizando hechos científicos revisados ​​por pares. 

"Tener que tomar una decisión sin toda la información no es pro-mujer", dijo Larkin.

"Tienen que tener buena información para tomar una buena decisión", dijo Wilcox.

Ambas clínicas ofrecen pruebas médicas de embarazo gratuitas, ecografías realizadas por un ecografista certificado y asesoramiento para mujeres. También ofrecen una variedad de artículos para bebés, como mantas y ropa.

NIFLA dice que los centros de embarazo en todo el país regalan $ 280 millones de dólares en servicios de apoyo gratuitos cada año.