La Corte Suprema de Estados Unidos ha otorgado una victoria a los padres que necesitan que se les diga si sus hijos están cuestionando su orientación sexual o identidad de género.

Los jueces han bloqueado una política de California que desalienta a los educadores estatales a contarles a los padres sobre las dificultades de sus hijos.

El Tribunal Supremo declaró: "El Estado argumenta que sus políticas promueven un interés imperioso en la seguridad y la privacidad de los estudiantes. Pero esas políticas excluyen a los principales protectores de los intereses superiores de los niños: sus padres". 

La organización legal sin fines de lucro Becket presentó un escrito amicus curiae en el caso. Su presidente y director ejecutivo, Mark Rienzi, declaró: «El derecho fundamental de los padres a criar a sus hijos según su fe no se limita a la puerta de la escuela. California intentó excluir a los padres de la vida de sus hijos mientras obligaba a los maestros a ocultarles el comportamiento de la escuela. Nos complace que el Tribunal haya intervenido para bloquear esta política antifamiliar y antiamericana». 

El Consejo de Familia de California (CFC) también celebra el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. En un comunicado, el CFC declaró: «Al reafirmar los derechos constitucionales de los padres y rechazar los intentos de los tribunales inferiores de limitar la victoria parental, la Corte ha reivindicado el mensaje constante del CFC: los padres tienen el derecho fundamental a conocer y participar en las decisiones sobre el bienestar mental, emocional y físico de sus hijos».
 
El fallo de la Corte Suprema en el caso Mirabelli contra Bonta suspende la política mientras se resuelve en los tribunales inferiores. La batalla legal comenzó en 2023 cuando California aprobó la ley. Un juez federal bloqueó la medida, pero un tribunal de apelaciones suspendió la medida cautelar, lo que provocó que los padres apelaran ante la Corte Suprema.

Como  CBN News informó por primera vez  en 2024, dos maestras, Elizabeth Mirabelli y Lori West, han estado librando una batalla legal por sus trabajos después de que inicialmente fueron puestas en licencia administrativa por negarse a ocultar información sobre las "transiciones" de género de los estudiantes a sus padres.

Un fallo federal de diciembre  de 2025 establece que las políticas de exclusión parental de California "perjudican a los padres al privarlos del derecho, reconocido desde hace mucho tiempo en la Decimocuarta Enmienda, de cuidar, guiar y tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de sus hijos, y al sobrecargar sustancialmente el derecho de muchos padres en virtud de la Primera Enmienda de educar a sus hijos en sus creencias religiosas sinceras". 

También encontró que los maestros estaban "obligados a violar sus creencias sinceras y los derechos de los padres al obligarlos a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus estudiantes".