La Iglesia Evangélica y Católica de Argentina se están oponiendo al nuevo protocolo médico de interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo para la salud, el cual ha sido promovido por el presidente del país, Alberto Fernández.

En un comunicado de prensa, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) cree que el contenido del protocolo “promueve la práctica irrestricta y avanza hacia una legalización de hecho del aborto. Para lo cual es necesario traer luz a la sociedad argentina, acerca de las oscuras irregularidades que presenta el mismo”.

En el texto la ACIERA deja en claro lo siguiente: “Es jurídicamente pertinente que el Poder Ejecutivo reglamente las leyes e implemente a través de resoluciones, los protocolos o guías de procedimiento necesarios para su ejecución y que expliciten la forma en que los derechos serán ejercidos. Pero esta potestad que le otorga el artículo 99 Inc.2 de la Constitución Nacional tiene como limitación no poder alterar el espíritu de la misma ley sancionada. Concretamente, en el caso del Protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) el Ministerio de Salud no puede legalmente a través del mismo alterar la letra o el sentido del Artículo 86 del mismo Código Penal que pretende aplicar, en los llamados casos de aborto no punible”.

“Al examinar el Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) podemos observar además algunos puntos en los que se excede  en sus atribuciones administrativas, yendo más allá de lo sancionado en el mismo artículo del Código Penal, e inclusive MÁS ALLÁ de lo interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL (13-3-2012), tema que, por otro lado, también fue tratado por el Honorable Congreso de la Nación al debatir sobre el proyecto de legalización del aborto y fue rechazado el pasado 8 de agosto de 2018”, añade.

Los evangélicos aseguran que “el protocolo sería ilegal en la parte que tergiversa el sentido de la palabra “salud” como una de las causales que habilitaría el aborto (Art. 86 Inc. 1 CP). Dicho artículo dispone la no punibilidad del aborto cuando este es causado para evitar un peligro en la vida o la “salud” de la madre, si el peligro no puede ser evitado por otros medios. También sería ILEGAL al no mencionar que el “peligro” no pueda ser evitado por otros medios, es decir que el aborto sea el último recurso disponible con el fin de salvar la vida del niño por nacer”.

“El Protocolo ILEGAL menciona (p.16) que el peligro no debe ser constatado ni requerirse que tenga intensidad alguna. Además, busca incluir en la causal no solo la salud física de la madre (que es a la que se refiere este Art. 86 Inc. 1 del Código), sino también la salud mental y la salud ‘social’, además de la autoestima, como justificación para solicitar el aborto, como por ejemplo en el caso de las limitaciones a la autonomía o inequidades en las condiciones de vida (p.15). Utilizar la definición amplia Y SIN LIMITACIONES de ‘salud’ dada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el caso de aborto, INCLUYENDO LA SOLA POSIBILIDAD de su afectación y la sola decisión es sin dudas un intento de manipular el texto y el sentido de la letra de la ley sancionada”, agregan.

Según la ACIERA, este protocolo “permite solicitar el aborto durante TODO el tiempo del embarazo, hasta después de la semana 24 de vida (p.43-45), a pesar de que la persona podría sobrevivir fuera del útero materno a esa edad. Está claro el sentido de la ley si está en peligro la vida o la salud física de la madre, pero es un exceso ILEGAL autorizar el aborto sin límite en la gestación cuando solo hay un riesgo en la salud social o que puede ser evitado por otros medios”.

“Además, el Protocolo ILE “invisibiliza” a la persona por nacer, ya que no menciona su existencia como persona, a pesar de que el mismo Código Civil y Comercial sancionado recientemente reconoce expresamente en su artículo 19, que su existencia comienza con la concepción y hasta la muerte natural. Injustificadamente se refiere al bebé con eufemismos como por ejemplo “evacuación uterina” (p.41)”, añade.

La ACIERA también hace una petición especial: “Por todo lo expresado, desde las iglesias evangélicas representadas en ACIERA, solicitamos al ministro de Salud, Dr. Ginés González García y al actual Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a derogar el mencionado protocolo ILE, ya que gran parte de su contenido excede los límites de la legislación vigente. Y rogamos que en nuestro país siempre se mantenga en alto el respeto a la vida humana, los derechos de todas las personas y de las normas jurídicas vigentes”.

Por su parte, la Iglesia Católica argentina reclamó el miércoles al presidente Alberto Fernández dar marcha atrás con la implementación del nuevo protocolo.

La cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó “su sorpresa y al mismo tiempo desazón y preocupación por el protocolo presentado por el Ministerio de Salud, que en la práctica autoriza el aborto libre”, durante el primer encuentro formal que mantuvieron con el mandatario peronista de centro-izquierda --que asumió el poder hace unos días-- en la Casa de Gobierno.

El Ministerio de Salud puso en vigencia el último jueves una guía práctica actualizada para profesionales de la salud de todo el país, que indica el procedimiento a seguir para los casos de abortos no punibles.

En Argentina, el país natal del papa Francisco, es legal interrumpir una gestación cuando pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o si fuera resultado de una violación.

“Nos duele y preocupa este modo de obrar que evita el razonable debate democrático sobre la tutela de la vida, el primer derecho humano”, dijeron los obispos en un comunicado.

La presidencia no hizo mención al contrapunto sobre aborto al informar sobre el encuentro con los obispos.

El nuevo instructivo, que actualiza otro vigente desde 2015, fija un plazo de diez días a los agentes de salud para interrumpir el embarazo a partir del momento que la mujer manifiesta su voluntad de realizarse la práctica. También contempla la objeción de conciencia de los médicos, pero aclara que ésta es individual y no institucional, por lo que todo establecimiento médico está obligado a realizar la práctica.

La implementación de la guía médica fue interpretada como un guiño del nuevo gobierno a retomar el debate por la despenalización del aborto en el Congreso, donde la iniciativa logró una histórica media sanción en la cámara de Diputados en 2018 pero luego no prosperó en el Senado.

Fernández, un abogado de 60 años, se ha manifestado públicamente a favor de la despenalización aunque por el momento no ha impulsado ningún proyecto parlamentario en ese sentido.

Atentos a los cambios políticos, los obispos afirmaron que “no somos ‘anti-derechos’, los argentinos que estamos a favor de la dignidad y el valor sagrado de toda vida. En comunión con tantos creyentes y ciudadanos de buena voluntad esperamos la revocación del protocolo”.

Según el ministro de Salud, 30 mujeres mueren en promedio al año por abortos clandestinos en Argentina, informa AP. 

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y la Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.