Foto: La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es escoltada a una prisión en La Paz, Bolivia, el lunes 15 de marzo de 2021. El domingo un juez ordenó que Áñez permaneciera en prisión preventiva durante cuatro meses luego de su arresto por cargos relacionados con la destitución del expresidente en Evo Morales en 2019, que sus partidarios consideran un golpe de Estado. (AP Foto/Juan Karita)

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (C.Iber) envió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, para referirse sobre la detención de la expresidenta del país, Dra. Janine Añez.

En el texto, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia manifiesta su “extrañamiento al uso excesivo de la fuerza y el maltrato humillante en contra de la persona de la Dra. Janine Añez, expresidenta de Bolivia”.

Entiende el C.Iber que esta acción “no describe a un gobierno que defiende los derechos humanos de sus ciudadanos, sino que lo exhibe ante el mundo como una dictadura que se basa en la fuerza y no en la democracia”.

El C.Iber exige que se respeten las garantías individuales consagradas en la Constitución Boliviana y en los Tratados Internacionales para que “se garantice no sólo la vida y la integridad física, sino también el respeto y la dignidad debidos a la señora Añez”.

Recuerda Aarón Lara (presidente del C.Iber y firmante de la carta) que “la presidencia de Janine Añez fue reconocida por la ONU, la OEA, decenas de países en Europa y América y avalada por el Congreso boliviano y las instancias jurisdiccionales. Además ha sido el gobierno de la entonces Presidenta Añez la que permitió el ejercicio democrático que le ha otorgado hoy día a usted el poder, el cual le instamos que ejerza con el debido honor y justicia”.

La carta lleva por asunto: “Presidente Arce, los ojos del mundo lo observan”.

¿Qué está ocurriendo en Bolivia?

Centenares de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Bolivia el lunes para protestar y pedir la libertad de la expresidenta interina Jeanine Áñez y exigir el cese de la “persecución” judicial en contra de los opositores.

La mayor concentración tuvo lugar en Santa Cruz, la ciudad más poblada y reducto opositor en el oriente del país. Líderes cívicos anunciaron una reunión el martes para coordinar movilizaciones nacionales.

Las marchas se realizaron en La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad y son las mayores protestas callejeras desde octubre de 2019, cuando manifestantes opositores se movilizaron para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, al que acusaron de haber montado un fraude electoral para reelegirse por cuarta vez.

Morales renunció tras una mes de protestas y choques callejeros entre seguidores y opositores que cobraron la vida de 36 personas.

Más temprano, Añez fue conducida a una cárcel de mujeres en La Paz y dos de sus exministros fueron llevados a otro penal. Los tres enfrentan cargos de terrorismo y sedición en la crisis que precipitó la salida de Morales. 

Una jueza ordenó prisión preventiva por cuatro meses para todos mientras avanzan las investigaciones y el Ministerio Público sustenta su acusación. Otra treintena de dirigentes cívicos, exjefes militares y ex ministros son buscados por la policía por “el golpe de Estado”, como han llamado políticos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente izquierdista Luis Arce y cuyo líder es Morales.

La oposición acusa a Morales de estar detrás de las detenciones y rechaza que haya habido un golpe de Estado. Las protestas fueron para rechazar el fraude electoral y hubo una sucesión constitucional, dijo el expresidente y líder opositor Carlos Mesa.

En tanto, el ministro de Gobierno Iván Lima anunció otros cuatro procesos contra Añez y negó que haya persecución. “Vamos a presentar demandas por corrupción y masacres y la imputada (Áñez) no tiene privilegio constitucional para un juicio de responsabilidades”, dijo.

Áñez denunció arbitrariedades en su detención y ha pedido un juicio de caso de corte por su condición de expresidenta.

La situación se presenta en un momento complicado para Arce tras un retroceso del MAS en las elecciones de gobernadores y alcaldes de la semana pasada. El mandatario asumió en noviembre pasado tras ganar las elecciones ampliamente. 

Según el cómputo oficial de los comicios dado a conocer el lunes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la oposición ganó ocho de las 10 alcaldías en las ciudades más grandes. El MAS obtuvo dos alcaldías y tres gobernaciones de nueve. La oposición consiguió dos gobernaciones y en cuatro habrá segunda una vuelta el 11 de abril.

El MAS obtuvo menos votos que en los comicios presidenciales de octubre y aunque sigue siendo el partido más fuerte y con presencia nacional, controlará menos alcaldías y gobernaciones, lo cual podría complicar la gobernabilidad de Arce, dijo el analista y escritor José Rafael Vilar.

Arce tendrá un partido menos fuerte que el que tuvo Morales en sus casi 14 años de gobierno, según el analista.

El mandatario no ha tuiteado ni apareció en público frente a la avalancha de críticas tras la detención de Áñez y dos de sus exministros el fin de semana, lo que ha llevado a la dividida oposición a articularse frente a la “persecución política”, dijo el gobernador electo por Santa Cruz y líder de las protestas contra Morales en 2019, Luis Fernando Camacho. 

En puertas del cuartel de policía donde Áñez permaneció detenida, manifestantes pedían a voz en cuello justicia para los fallecidos. “Estamos acá para exigir justicia para los muertos por la represión militar y policial. Áñez debe rendir cuentas”, dijo el dirigente vecinal Ramiro Laura.

A las críticas internacionales se sumó el lunes la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que a través de un comunicado manifestó su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

La ONU y la Unión Europea han pedido que se respete el debido proceso. El caso ha vuelto a poner en tela de juicio la endémica crisis judicial por su falta de independencia del Ejecutivo y está reactivando las tensiones políticas que llevaron al país a su peor crisis política de los últimos años.