MANAGUA — El abogado y líder laico católico Carlos Cárdenas Zepeda, detenido arbitrariamente el 13 de agosto y mantenido en régimen de incomunicación, murió el 29 de agosto bajo custodia del gobierno de Nicaragua. Su muerte ocurrió apenas cuatro días después del fallecimiento del activista cristiano Mauricio Alonso Prieto, convirtiéndose en el segundo preso político que muere en menos de una semana.
Fuentes de Christian Solidarity Worldwide (CSW) informaron que la esposa de Cárdenas recibió una llamada el mismo día de su muerte, en la que se le indicó recoger el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Le prohibieron realizar funerales, no le entregaron certificado de defunción ni causa de muerte, y el ataúd ya estaba sellado cuando se le entregó.
Cárdenas, miembro activo de la Parroquia Bella Cruz en Ciudad Sandino, trabajó más de dos décadas en el servicio público. En 2018 fue contratado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEM) para asesorar durante las negociaciones con el gobierno tras las protestas de abril de ese año. Ese mismo año fue secuestrado por paramilitares y policías frente a su hija de 10 años, y posteriormente sufrió torturas y amenazas contra su familia durante su encarcelamiento.
Desde entonces, enfrentó un constante hostigamiento: en 2020 le revocaron su título de abogado, quedó desempleado y tuvo que vender su casa. En 2021, su padre murió en el Hospital Alemán de Managua tras negársele atención médica por COVID-19. En 2023, volvió a ser detenido y acusado de “violación de la soberanía nacional” y “ciberdelitos”, quedando bajo vigilancia policial diaria.
El diario argentino Infobae recuerda que Cárdenas es el sexto preso político que fallece en prisión desde 2019, lo que refleja el creciente deterioro de los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Anna Lee Stangl, directora de incidencia de CSW, declaró: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del doctor Cárdenas Zepeda. Pedimos que se permita una investigación independiente sobre las causas de su muerte y de todos los demás prisioneros que han fallecido bajo custodia, incluyendo a Mauricio Alonso Prieto. Los responsables deben rendir cuentas. Instamos a la comunidad internacional a exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua”.