La presidenta chilena Michelle Bachelet fue duramente criticada por la oposición tras pedir el jueves al Tribunal Constitucional (TC) que apoye el proyecto de ley que despenalizaría el aborto en su país.

La iniciativa fue aprobada el miércoles por el Congreso de Chile y permitiría la interrupción del embarazo si está en peligro la vida de la madre, si el feto es inviable y si existió violación.

Los senadores conservadores aspiran a que el TC declare la inconstitucionalidad del proyecto -decisión que sería inapelable- para lo cual presentaron un requerimiento en la víspera. Se espera que los diputados lo ingresen el viernes.

La decisión del tribunal sería fundamental para el país, pues Chile se ha distinguido por ser uno de los países más conservadores de Latinoamérica y uno de los pocos que aún castiga el aborto junto con Nicaragua y El Salvador.

“Las 3 causales tienen un amplio y transversal apoyo social. Confío que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría", escribió Bachelet el jueves en su cuenta de Twitter. La noche anterior, tras la aprobación de su proyecto en el Congreso, la mandataria también se pronunció: ‘Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor’”.

La promulgación de esta ley sería importante para su gobierno porque fue una de las promesas que mantuvo durante su gestión, misma que llegará a su fin en marzo de 2018.

Una veintena de activistas acudió el jueves al frontis de la sede del tribunal para apoyar la iniciativa y exigir que se respeten las mayorías.

Sin embargo, la senadora opositora Jacqueline van Rysselberghe aseveró que la presidenta “no puede estar pidiéndole a las instituciones republicanas del país que pasen sobre la ley”.

“El tema de apegarse al Estado de derecho no es un tema de mayorías, es un tema republicano y lo que uno esperaría de un presidente de Chile es que a lo menos respete eso", añadió.

Esta no es la primera ocasión en que los sectores conservadores se oponen a proyectos de la izquierda. La Iglesia Católica, por ejemplo, batalló contra el divorcio aprobado en 2004, contra la distribución de la píldora del día siguiente, transformada en ley en 2010, y se opuso a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, vigente desde 2015. Asimismo, ya ha adelantado su rechazo al matrimonio igualitario, cuyo proyecto será enviado pronto al Congreso. La Iglesia Evangélica también se ha manifestado en contra de esto.

El tribunal que decidirá el futuro del proyecto para despenalizar el aborto es autónomo e independiente. Cuenta con diez miembros y estos se nombran del siguiente modo: tres por la Corte Suprema, tres por la presidenta y cuatro por el Congreso.

Si el proyecto es analizado este mes y se produce un empate, el voto de su presidente -designado por Bachelet- sería el decisivo. Sin embargo, si la revisión se la iniciativa se retrasa y va más allá del 28 de agosto, el voto decisivo sería el de un nuevo presidente. El TC tiene 30 días para pronunciarse y emitir un fallo.