WASHINGTON (AP) - El gobierno de Biden revirtió el lunes la prohibición que tenían las clínicas de planificación familiar de referir a pacientes para abortos, levantando una restricción de la era Trump a medida que las batallas políticas y legales sobre el aborto se agudizan desde Texas hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que su nuevo reglamento restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma en que funcionaba bajo la administración de Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor. El objetivo es "fortalecer y restaurar" los servicios, dijo el secretario de HHS, Xavier Becerra.

Los grupos que representan a las clínicas dijeron que esperan que la acción de la administración de Biden lleve a unas 1.300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump de regresar, ayudando a estabilizar un programa de larga data sacudido por la pandemia de coronavirus además de las batallas ideológicas.

“He escuchado que en casi todas partes del país la gente ha tomado la decisión de que las condiciones serán buenas para que regresen al programa”, dijo en una entrevista Clare Coleman, presidenta del grupo coordinador Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva. "Mi sensación es que la gente ha estado esperando la regla".

Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios, dijo en Twitter que sus centros de salud esperan regresar. Pero el grupo criticó parte de la regla de la administración de Biden que permite que los médicos individuales que se oponen al aborto no brinden referencias. La administración dijo que eso está "de acuerdo con la ley federal aplicable".

Conocido como Título X, el programa financiado por los contribuyentes pone a disposición más de $ 250 millones al año para que las clínicas brinden servicios de control de la natalidad y atención médica básica principalmente a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias. Bajo el expresidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas remitir pacientes para abortos, lo que provocó una salida masiva de los proveedores de servicios afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.

Los grupos de mujeres etiquetaron la política de Trump como una "regla mordaza" y las organizaciones médicas la llamaron una violación de la relación médico-paciente.

Pero los conservadores religiosos y sociales elogiaron la política por imponer una separación estricta entre los servicios de planificación familiar y el aborto. Según la ley federal, las clínicas no pueden usar el dinero federal de planificación familiar para pagar abortos. Sin embargo, los que se oponen al aborto argumentan que la financiación del control de la natalidad para organizaciones como Planned Parenthood, el principal proveedor de abortos, equivale a un subsidio indirecto.

El lunes, el Comité Nacional por el Derecho a la Vida criticó a la administración Biden por "complementar la industria del aborto con fondos de los contribuyentes".

Las clínicas de planificación familiar del Título X atendieron a aproximadamente 3.9 millones de clientes en 2018, pero el HHS estima que ese número se redujo en casi un 40% después de la política de Trump.