(EFE Y REDACCIÓN)

El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó que acatarán integralmente una ley federal de 1981, que jamás había sido debidamente aplicada, y que prohíbe expresamente el uso de fondos públicos, incluyendo los destinados a ayuda exterior, para cabildear a favor o en contra del aborto. Es la llamada Enmienda Siljander.

“A la luz de evidencia reciente, que muestra que un órgano de la OEA promueve el aborto, ordené a mi equipo que incluyera una disposición en los acuerdos de asistencia extranjera con ellos que prohíba explícitamente que el dinero que damos se use en el lobby relacionado al aborto”, dijo el funcionario.

La aplicación de la Enmienda Siljander, supone un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, ya que rebajará la aportación a organismos internacionales que presionen a los países a la aplicación del aborto. La Organización de Estados Americanos (OEA), es la primera afectada, ya que se le irá reduciendo en la medida en que su comité de Derechos Humanos presione para la extensión del aborto

 “Las instituciones vinculadas a la OEA deberían centrarse en abordar las crisis de Cuba, Nicaragua y en Venezuela, no en promover la causa en favor del aborto”, acotó Pompeo

Ya de entrada, el órgano hemisférico sufrirá un recorte inmediato de 200.000 dólares por el activismo proaborto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 “Y para garantizar que nuestro mensaje se escuche alto y claro, reduciremos nuestras contribuciones a la OEA; esa reducción será equivalente a la participación estimada de los Estados Unidos en los posibles gastos de la OEA en actividades relacionadas con el aborto”.

Algunos especialistas consideran que la aplicación de la Enmienda Siljander blindará cerca de 45 o 50 billones de dólares destinados por el gobierno a la ayuda extranjera, especialmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Nueve senadores

La decisión del recorte a la OEA se produjo después de que nueve senadores enviaran en febrero una carta al Departamento de Estado en la que denuncian el amplio activismo de la CIDH en favor de la despenalización en los países latinoamericanos y la presión ejercida sobre sus gobiernos.

La misiva fue encabezada por James Lankford, senador por Oklahoma, y secundada por los senadores James Inhofe, del mismo estado; Thom Tillis, de Carolina del Norte; Michael Enzi, de Wyoming; Michael Lee, de Utah; John Kennedy, de Louisiana; Roy Blunt, de Missouri; Ted Cruz, de Texas; y la senadora Joni Ernest, de Iowa; Todos republicanos.

El documento denuncia que la OEA, especialmente a través de la CIDH, ha extrapolado sus funciones y violado el estado de Derecho de los países miembros al realizar un agresivo lobby para despenalizar en ellos el aborto, y señala como influyó en los gobiernos y parlamentarios de Chile, El Salvador y Argentina.