(AP Foto / Esteban Felix)
Organizaciones defensoras de las minorías sexuales arremetieron el martes contra el gobierno del presidente centroderechista Sebastián Piñera por no impulsar en el Congreso chileno un proyecto de matrimonio igualitario.
Chile, un país tradicionalmente conservador, registra varios avances en los últimos 20 años como la aprobación del divorcio, el aborto en tres causales y la unión civil de parejas del mismo sexo. Sin embargo, para Piñera y muchos de sus seguidores el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
La Fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) acudieron a la Contraloría General de la República, que vela por el correcto funcionamiento del Estado, para acusar al gobierno de incumplir un acuerdo de 2016 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el matrimonio igualitario.
Ramón Gómez, dirigente del MOVILH, afirmó el martes en la Contraloría que “el gobierno está desconociendo este acuerdo, está diciendo que este acuerdo fue adquirido por el gobierno anterior y no por el actual”.
El Estado chileno firmó en 2016, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2016), un acuerdo de solución amistosa con la CIDH que incluía la presentación de un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario luego de que el MOVILH demandara al Estado chileno por la negativa del Registro Civil de casar a parejas del mismo sexo.
Según los activistas, el gobierno de Piñera modificó un Plan Nacional de Derechos Humanos legado por Bachelet, quien en agosto de 2017 envió al Congreso un proyecto sobre matrimonio igualitario con derecho a adopción que nunca avanzó.
En el Congreso, la Comisión de Legislación y Justicia abordó el martes el tema del matrimonio igualitario y escuchó un par de intervenciones, empero, no votó la idea de legislar o no sobre el asunto ante la ausencia de dos senadores oficialistas que participaron en un acto oficial. La materia será nuevamente tratada en octubre.
Si el proyecto contara con el patrocinio del gobierno, éste podría ponerle urgencia y apurar el debate. Si un proyecto es aprobado por la Comisión pasa al pleno y comienza a ser debatido.
Rolando Jiménez, dirigente del MOVILH, criticó la reunión de la Comisión y la calificó como “totalmente inútil e ineficiente, pues no se avanzó ningún paso. Hace mucho tiempo que la Comisión debió votar la idea de legislar”.