Imagen: CBN News
La Corte Suprema de los Estados Unidos acordó escuchar un caso que involucra a un estudiante universitario de Georgia que fue silenciado, más de una vez, por compartir su fe cristiana con otros estudiantes en el campus.
Chike Uzuegbunam era estudiante de tercer año en Georgia Gwinnett College (GGC) en Lawrenceville, GA, durante el verano de 2016. Mientras repartía material religioso a los estudiantes, la policía del campus se acercó a él y le informó que necesitaba permiso para evangelizar y que debía ser hecho en una "zona de libre expresión", informa Atlanta News Now.
Uzuegbunam cumplió con sus órdenes, pero fue abordado nuevamente por funcionarios que le dijeron que dejara de predicar en el campus porque alguien se había quejado.
"A los funcionarios universitarios realmente no les importaba dónde estaba yo, simplemente no les gustaba lo que estaba diciendo. Entonces, invocaron estas políticas para silenciarme", dijo Uzuegbunam.
Presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Atlanta contra la universidad, insistiendo en que sus derechos constitucionales habían sido violados.
Alliance Defending Freedom (ADF), un bufete de abogados de libertad religiosa sin fines de lucro que representa a Uzuegbunam, sostiene que los tribunales deben responsabilizar a las universidades cuando violan los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes.
"Los funcionarios del gobierno deben ser responsables de promulgar y hacer cumplir las políticas que pisotean las libertades protegidas constitucionalmente de los estudiantes. Si salen impunes, ellos u otros pueden simplemente volver a hacerlo", dijo el abogado de ADF John Bursch.
GGC presentó una moción para desestimar la demanda de la Primera Enmienda alegando que sacó al estudiante cristiano del campus porque su discusión sobre el Evangelio incitó "hostilidad" y "palabras de pelea".
En 2018, un juez de un tribunal federal desestimó el caso, diciendo que la universidad había resuelto el problema principal y el juez acordó desestimar la moción.
El tribunal señaló que la universidad había enmendado su política de discursos para que los estudiantes y los oradores externos pudieran hablar más fácilmente sobre asuntos en el campus.
Además, la jueza de distrito estadounidense Eleanor Ross dijo que una orden judicial contra la escuela ya no ayudaría a Uzuegbunam, quien desde entonces se había graduado. "No hay una expectativa razonable de que volverá a ser sometido a la misma supuesta lesión, de modo que la Corte pueda otorgarle una medida cautelar o declaratoria", dijo Ross.
También señaló el hecho de que la escuela había revisado sus políticas después de recibir la demanda y capacitó a sus empleados. El juez Ross declaró que "no había una base razonable" para pensar que la universidad volvería a sus antiguas prácticas.
El fallo fue confirmado en apelación en 2019.
ADF dice que la lucha aún no ha terminado. Los argumentos orales se escucharon en la Corte Suprema de Estados Unidos el 12 de enero a través de transmisión en vivo.
TODAY Kristen Waggoner argues Uzuegbunam v. Preczewski before the Supreme Court. Stay tuned on social media to hear how courts can hold government officials accountable when they violate constitutional rights. #SCOTUS #CampusSpeechMattershttps://t.co/omQUHhvLlh pic.twitter.com/hV07orbzvz
— Alliance Defending Freedom (@AllianceDefends) January 12, 2021
"Cuando los funcionarios del gobierno violan los derechos constitucionales, les causa un daño grave a las víctimas", dijo la asesora general de ADF, Kristen Wagoner, quien argumentó el caso ante la Corte Suprema.
"Los funcionarios del gobierno no deberían obtener un pase gratuito por violar los derechos constitucionales en el campus o en cualquier otro lugar. Cuando los funcionarios cometen una mala conducta pero no enfrentan consecuencias, dejan a las víctimas sin recurso, socava el compromiso de la nación de proteger los derechos constitucionales y anima al gobierno a participar en futuras violaciones".