La Corte Suprema se ve al anochecer en Washington, el 22 de octubre de 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

La Corte Suprema dictaminó el jueves que el fiscal general republicano de Kentucky puede defender una ley estatal sobre el aborto que había sido anulada por tribunales inferiores a pesar de que el actual gobernador demócrata del estado decidió no defenderla.

El problema subyacente en el caso es una ley estatal bloqueada que, según los defensores del aborto, habría prohibido un método de aborto en particular en el segundo trimestre del embarazo.

Pero en cambio, los jueces decidieron sobre una cuestión más técnica de si el Fiscal General Daniel Cameron puede intervenir en el caso después de los fallos de un tribunal de primera instancia y un panel de apelación. El gobernador demócrata Andy Beshear había tomado la decisión de abandonar el caso.

Con una abrumadora votación de 8 a 1, el tribunal superior concluyó que Cameron puede intervenir y hacer su trabajo. El juez Samuel Alito escribió por la mayoría y solo la jueza de extrema izquierda Sonia Sotomayor disintió en opiniones que se centraron en cuestiones de procedimiento, no en el derecho al aborto.

El caso es independiente de la consideración de la corte del caso de Mississippi que podría anular Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, los dos casos que crearon el llamado derecho al aborto en todo el país, y permitir que los estados establezcan sus propias reglas.

Kentucky se encuentra entre una docena de estados con leyes que prohibirían efectivamente los abortos en caso de que Roe y Casey sean anulados a finales de este verano.

La ley de Kentucky en cuestión se adoptó en 2018 cuando el republicano Matt Bevin era gobernador. Luego de una demanda de los proveedores de servicios de aborto, un tribunal de primera instancia bloqueó la ley de forma permanente y concluyó que la ley habría hecho imposible terminar con la vida de las personas no nacidas mediante el uso del procedimiento de aborto conocido como dilatación y evacuación. Un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. confirmó ese fallo en junio de 2020.

Cinco días después, la Corte Suprema falló 5-4 para anular una ley de Luisiana no relacionada que regulaba las clínicas de aborto. Pero Cameron, quien se convirtió en fiscal general en 2019, dijo que el razonamiento utilizado por el tribunal superior cuestionaba el fallo contra la ley de Kentucky. Sin embargo, la corte de apelaciones rechazó sus intentos de intervenir. Luego apeló a la Corte Suprema de EE. UU. para que le dijera a la corte de apelaciones que lo dejara hacer su trabajo como fiscal general de Kentucky. Cameron dijo el jueves que planea volver a la corte de apelaciones para argumentar que se debe permitir que la ley entre en vigencia.

“En todo momento, hemos sostenido que vale la pena defender la ley de Kentucky que prohíbe los abortos de desmembramiento vivo y debería recibir una defensa completa del desafío presentado por la ACLU y una clínica de abortos”, dijo el fiscal general en un comunicado.

La Unión Americana de Libertades Civiles representa a la clínica de aborto.

Si Cameron pierde en la corte de apelaciones, podría apelar a la Corte Suprema.