Supervisora del Distrito 3 del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer. (Crédito de la captura de pantalla: CountySanDiego/YouTube)
Una supervisora del condado de San Diego ha retirado su plan de cerrar 16 centros de embarazo provida a los que calumniaba de "falsos y fraudulentos".
El plan de la supervisora del distrito 3 del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, se presentó en la reunión de la junta de supervisores del condado el mes pasado, pero no obtuvo suficientes votos después de que se presentaran a la reunión más opositores a su plan que partidarios.
Lawson-Remer había programado su plan de nuevo para la reunión de la junta del 5 de diciembre después de que un nuevo supervisor proaborto fuera elegido para cubrir una vacante en la junta. Sin embargo, el viernes pasado lo retiró de la agenda de la reunión.
Según su oficina, Lawson-Remer ha recibido muchas llamadas de la comunidad y decidió retirar la propuesta como parte de "incorporar la retroalimentación de la comunidad". Su oficina no dijo si la propuesta volvería en una fecha posterior, informó el Consejo de la Familia de California.
Además, CBN News descubrió que la carta de su junta directiva que esboza su plan titulado Avanzar en la Educación de los Derechos Reproductivos y Perseguir Litigios para Cerrar Centros de Embarazo en Crisis Falsos y Fraudulentos, fechada el 7 de noviembre de 2023, también ha sido retirada de la página web del Distrito 3 del Condado de San Diego. La junta de supervisores y el personal utilizan cartas de la junta para introducir políticas y procedimientos que luego se utilizan para gestionar el gobierno del condado. Las Cartas de la Junta se votan durante las reuniones programadas de la Junta, indica el sitio web.
Ciudadanos provida se manifestaron en contra del plan en la reunión de la Junta de noviembre
Como CBN News informó en noviembre, más de 60 personas se opusieron a la propuesta de Lawson-Remer y otras 975 respondieron con comentarios escritos. Nadie habló en apoyo en la audiencia, y sólo 60 personas enviaron comentarios apoyando su idea de cerrar las clínicas de mujeres.
El San Diego Union-Tribune informa: "En su recomendación, Lawson-Remer había pedido a sus compañeros supervisores que apoyaran una campaña educativa y una posible acción legal 'para cerrar los falsos y fraudulentos centros de crisis del embarazo', acusándoles de difundir 'desinformación flagrante, presentada como consejo médico', que está diseñada para 'impedir que las personas interrumpan su embarazo'".
El medio de comunicación informó de que varias personas que intervinieron en la reunión se opusieron a la idea de que los centros no fueran proveedores de atención sanitaria cualificados.
Sophia Lorey, directora de divulgación del Consejo de la Familia de California, también se dirigió a los supervisores y destacó la profesionalidad de los centros de atención a embarazadas del condado de San Diego, 13 de los cuales están autorizados por el Departamento de Salud Pública de California y otros dos están dirigidos por médicos con licencia exclusiva.
También señaló la contribución sustancial de los centros de embarazo al estado, valorada en más de 14,2 millones de dólares en servicios gratuitos y apoyo solo en 2019. "Al atacar a los centros de embarazo, solo están perjudicando a los residentes del condado de San Diego que necesitan sus servicios", dijo Lorey a la junta.
Según el California Family Council, Anne O'Connor, J.D., vicepresidenta de asuntos jurídicos del National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA), también salió en defensa de los centros de embarazo de San Diego. En una carta a la junta, expresó su condena de la propuesta.
"La propuesta escandalosamente inconstitucional del supervisor Lawson-Remer que ataca el buen trabajo de las organizaciones sin fines de lucro legítimas es injustificada", escribió O'Connor, haciendo referencia al caso de la Corte Suprema NIFLA contra Becerra, que "defendió los centros de embarazo de California en 2018 al revertir una ley estatal que obligaba a los centros de atención del embarazo a informar a los clientes dónde obtener un aborto gratuito".
"La supervisora Lawson-Remer y sus socios de Planned Parenthood están actuando de manera atroz en sus ataques contra los centros de embarazo que afirman la vida, la mayoría de los cuales están autorizados por el Departamento de Salud Pública de California como clínicas de atención primaria. La agresión de Lawson-Remer contra estos centros es injustificada, no se basa en ningún hecho o queja real y está motivada por una agenda política extrema. Sólo sirve para perjudicar a las personas del condado de San Diego que necesitan los servicios prestados por los centros de embarazo", continuó O'Connor.
Además, el abogado constitucionalista Dean Broyles, residente en San Diego, respondió en una carta de cinco páginas condenando el plan de Lawson-Remer como un "intento descarado y tonto de abusar del poder del gobierno".
Broyles, presidente del Centro Nacional de Derecho y Política, también advirtió a la supervisora que su propuesta era manifiestamente inconstitucional y cuya defensa costaría millones al condado.
Lawson-Remer dijo en la reunión de noviembre que llevó la propuesta a la junta después de escuchar a los residentes que fueron "atraídos de una manera desprevenida a estas clínicas que en realidad no proporcionan atención médica acreditada", según The Union-Tribune.
El medio también informó de que la supervisora dijo que los centros que funcionan con una supervisión adecuada no tienen nada que temer.
"Seamos claros, hay una gama de servicios y una gama de centros de crisis aquí en el condado de San Diego", había dicho Lawson-Remer. "El propósito de este proyecto de ley hoy es sólo para apuntar a aquellos que están operando fuera de la ley, que no están acreditados, que no están proporcionando tratamiento y servicios médicamente certificados".
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