Captura de pantalla de la sesión de la tarde de la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego el 7 de noviembre de 2023. (Crédito de la captura de pantalla: CountySanDiego/YouTube)

Ciudadanos provida de San Diego, California, acudieron el martes a una reunión de la junta de supervisores del condado para expresar su oposición a la propuesta de una supervisora que pretende cerrar 16 centros de atención a embarazadas a los que califica de "falsos y fraudulentos".

A la reunión acudieron más opositores al plan de la supervisora del distrito 3 del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, que partidarios. Según el Consejo de la Familia de California, más de 60 personas hablaron en oposición a la propuesta de Lawson-Remer y 975 respondieron en comentarios escritos. Nadie habló en apoyo en la audiencia, y sólo 60 personas enviaron comentarios de apoyo.

En su recomendación, Lawson-Remer había pedido a sus colegas supervisores que apoyaran una campaña educativa y posibles acciones legales "para cerrar los falsos y fraudulentos centros de crisis del embarazo", acusándolos de difundir "desinformación flagrante, presentada como 'consejo médico', que está diseñada para "impedir que las personas interrumpan su embarazo", según The San Diego Union-Tribune.

El medio de comunicación informó de que varias personas que intervinieron en la reunión se opusieron a la idea de que los centros no fueran proveedores de atención sanitaria calificados.

Leslie Carrillo señaló que muchos de los centros de embarazo están supervisados por el gobierno.

"Algunas de estas clínicas autorizadas están acreditadas por la Accreditation Association of Ambulatory Health Care (Asociación de Acreditación de Atención Sanitaria Ambulatoria), una oficina de acreditación no partidista que establece normas médicas, operativas y de gobierno", dijo Carrillo, señalando que la organización también hace cumplir las normas en otros nombres conocidos en la atención sanitaria local.

También rechazó la creencia de que los centros frenan intencionadamente el acceso al aborto de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

"Habría sido bastante evidente que las clínicas no retrasan la atención", dijo. "De hecho, sus políticas y procedimientos y sus órdenes permanentes están redactadas para no retrasar la atención de una mujer, ni tratan activamente de impedir que las personas interrumpan su embarazo ni interfieren activamente en la agencia y las decisiones de una persona".

Sophia Lorey, directora de divulgación del Consejo de la Familia de California, también se dirigió a los supervisores, destacando la profesionalidad de los centros de atención a embarazadas del condado de San Diego, 13 de los cuales están autorizados por el Departamento de Salud Pública de California y otros dos están dirigidos por médicos colegiados.

También señaló la contribución sustancial de los centros de embarazo al estado, valorada en más de 14,2 millones de dólares en servicios gratuitos y apoyo solo en 2019. "Al atacar a los centros de embarazo, solo están perjudicando a los residentes del condado de San Diego que necesitan sus servicios", dijo Lorey a la junta.

Según el Consejo de la Familia de California, Anne O'Connor, J.D., vicepresidenta de asuntos legales del Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida (NIFLA) también salió en defensa de los centros de embarazo de San Diego. En una carta a la junta, expresó su condena de la propuesta.

"La propuesta escandalosamente inconstitucional del supervisor Lawson-Remer que ataca el buen trabajo de las organizaciones sin fines de lucro legítimas es injustificada", escribió O'Connor, haciendo referencia al caso de la Corte Suprema NIFLA contra Becerra, que "defendió los centros de embarazo de California en 2018 al revertir una ley estatal que obligaba a los centros de atención del embarazo a informar a los clientes dónde obtener un aborto gratuito”.

"La supervisora Lawson-Remer y sus socios de Planned Parenthood están actuando de manera atroz en sus ataques contra los centros de embarazo que afirman la vida, la mayoría de los cuales están autorizados por el Departamento de Salud Pública de California como clínicas de atención primaria. La agresión de Lawson-Remer contra estos centros es injustificada, no se basa en ningún hecho o queja real y está motivada por una agenda política extrema. Sólo sirve para perjudicar a la gente del condado de San Diego que necesitan los servicios prestados por los centros de embarazo", continuó O'Connor.

Además de pedir al Consejo del Condado que haga recomendaciones para presentar demandas contra todos los centros de embarazo del condado, la propuesta de Lawson-Remer también haría que el condado creara una campaña de concienciación pública completa con vallas publicitarias y anuncios en las redes sociales diseñados para desacreditar a los centros de atención a embarazadas y promover en su lugar los servicios de aborto, según el Consejo de la Familia de California.

Lawson-Remer dijo en la reunión que llevó la propuesta a la junta después de escuchar a los residentes que fueron "atraídos de una manera desprevenida a estas clínicas que en realidad no proporcionan atención médicamente acreditada", según The Union-Tribune.

El medio también informó de que la supervisora dijo que los centros que operan con una supervisión adecuada no tienen nada que temer.

"Seamos claros, hay una gama de servicios y una gama de centros de crisis aquí en el condado de San Diego", dijo Lawson-Remer. "El propósito de este proyecto de ley hoy es sólo para apuntar a aquellos que están operando fuera de la ley, que no están acreditados, que no están proporcionando tratamiento y servicios médicamente certificados".

Al final del periodo de debate, la junta de cuatro miembros dividió la votación en un empate, paralizando la propuesta, pero no por mucho tiempo.  El 5 de diciembre habrá un nuevo supervisor en la junta, momento en el que se volverá a escuchar y votar la propuesta.

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