WASHINGTON (AP) - El Tribunal Supremo permitió el viernes a Idaho aplicar su estricta prohibición del aborto, incluso en emergencias médicas, mientras continúa una lucha legal.

Los jueces dijeron que escucharían los argumentos en abril y dejaron en suspenso un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado la ley de Idaho en emergencias hospitalarias, basándose en una demanda presentada por el gobierno de Biden.

El caso de Idaho supone para el tribunal su segunda gran disputa sobre el aborto desde que en 2022 los jueces anularan el caso Roe contra Wade y permitieran a los estados restringir o prohibir severamente el aborto. El tribunal también verá en los próximos meses un desafío a las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos para obtener mifepristona, uno de los dos medicamentos utilizados en el método de aborto más común en Estados Unidos.

En el caso de las urgencias hospitalarias, el gobierno de Biden ha argumentado que los hospitales que reciben fondos de Medicare están obligados por la ley federal a prestar atención de urgencia, que puede incluir el aborto, independientemente de que exista una ley estatal que prohíba el aborto.

La administración publicó una guía sobre la ley federal, la Emergency Medical Treatment and Labor Act, o EMTALA, dos semanas después de la sentencia del tribunal supremo en 2022. La administración demócrata demandó a Idaho un mes después.

El juez de distrito B. Lynn Winmill de Idaho dio la razón a la administración. Pero en un caso separado en Texas, un juez se puso del lado del estado.

En una declaración el viernes por la noche, el presidente Joe Biden se opuso a la decisión del alto tribunal y dijo que su administración "seguirá defendiendo la capacidad de una mujer para acceder a la atención de emergencia en virtud de la ley federal".

Idaho tipifica como delito, con penas de prisión de hasta cinco años, la práctica de un aborto o la asistencia al mismo.

La administración argumenta que EMTALA obliga a los profesionales sanitarios a practicar abortos a pacientes de urgencias cuando sea necesario para tratar una afección médica de urgencia, aunque hacerlo pueda entrar en conflicto con las restricciones al aborto de un estado.

Entre esas afecciones se incluyen hemorragias graves, preeclampsia y determinadas infecciones relacionadas con el embarazo.

"Para ciertas emergencias médicas, la atención del aborto es el tratamiento estabilizador necesario", escribió la Procuradora General Elizabeth Prelogar en una presentación de la administración ante el Tribunal Supremo.

El Estado argumentó que la administración estaba haciendo un mal uso de una ley destinada a impedir que los hospitales se deshicieran de los pacientes e imponer "un mandato federal sobre el aborto" a los Estados. "EMTALA no dice nada sobre el aborto", declaró el fiscal general de Idaho, Raul Labrador, al tribunal en un escrito.

Este mismo martes, el tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans llegó a la misma conclusión que Labrador. Un panel de tres jueces dictaminó que la administración no puede utilizar la EMTALA para exigir a los hospitales de Texas que practiquen abortos a mujeres cuya vida corre peligro debido al embarazo. Dos de los tres jueces son designados por el presidente Donald Trump, y el otro fue nombrado por otro presidente republicano, George W. Bush.

El tribunal de apelaciones confirmó un fallo del juez de distrito James Wesley Hendrix, también designado por Trump. Hendrix escribió que adoptar el punto de vista de la administración Biden obligaría a los médicos a poner la salud de la persona embarazada por encima de la del feto o embrión, a pesar de que EMTALA “no dice nada sobre el aborto”.

Después de que Winmill, designado por el presidente demócrata Bill Clinton, emitiera su fallo, los legisladores de Idaho obtuvieron una orden que permitía la plena aplicación de la ley de un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU., nombrado por Trump y compuesto exclusivamente por republicanos. Pero un contingente mayor de jueces del 9º Circuito anuló el fallo del panel y había fijado los argumentos en el caso para finales de enero.

La orden de los jueces del viernes retira el caso del tribunal de apelaciones. Se espera una decisión a principios de verano.

La del viernes es sólo una de las varias batallas legales que se libran actualmente en los tribunales de Idaho.

Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente en noviembre la aplicación de la ley de Idaho sobre el "tráfico de abortos" mientras se tramita una demanda que cuestiona su constitucionalidad. Dicha ley, que los legisladores de Idaho aprobaron el año pasado, fue diseñada para impedir que las menores aborten en estados donde el procedimiento es legal si no cuentan con el permiso de sus padres.