Inicia batalla legal por las terapias de conversión: ¿limitan la libertad de expresión de los profesionales?

Inicia batalla legal por las terapias de conversión: ¿limitan la libertad de expresión de los profesionales?

10-07-2025
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Una batalla legal en Colorado sobre la llamada terapia de conversión ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos. En este caso, la terapeuta Kaley Chiles argumenta que su libertad de expresión está siendo violada por una ley estatal que prohíbe la terapia dirigida a reducir o modificar la atracción hacia personas del mismo sexo en menores.

Chiles, cristiana practicante, afirma que una ley de Colorado censura las conversaciones abiertas con sus clientes sobre fe e identidad. "Si me coartan la libertad de expresión y no puedo ser transparente y honesta, les estoy haciendo un flaco favor", afirma Chiles en un video producido por Alliance Defending Freedom, el grupo legal que la representa.

Los jueces escucharán argumentos en el caso Chiles v. Salazar a partir del martes por la mañana en un caso que podría sentar un precedente nacional en torno a la libertad de expresión profesional y religiosa.

La abogada de ADF, Kate Anderson, defiende el derecho de Chiles a ofrecer terapia a quienes buscan armonizar sus sentimientos con sus creencias. "Esta es una terapia voluntaria en la que el cliente asiste a conversaciones de terapia, pidiendo alcanzar sus propias metas, que incluyen armonizar su sexo biológico con su género y sentir que puede vivir de acuerdo con su fe", dijo Anderson.

Sarah Parshall Perry, de Defendiendo la Educación, argumenta que la ley es parcial. "La ley de Colorado prohíbe las conversaciones diseñadas para cambiar la orientación o la identidad de género, pero permite las conversaciones que las afirman", afirmó.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría se oponen a la llamada terapia de conversión, argumentando que puede provocar depresión, baja autoestima e incluso suicidio. El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, afirma que la ley estatal se basa en el consenso médico. "No funciona y carece de fundamento, independientemente de cómo se realice", argumentó el abogado. 

En una declaración, Weiser dijo que la ley "no impide que los profesionales de la salud compartan información, contenido o puntos de vista con un paciente u otros" y "no requiere que los terapeutas 'afirmen' ninguna orientación o identidad".

Los críticos argumentan que Colorado tiene un patrón de políticas que discriminan a las personas de fe, citando casos pasados ​​como el de Jack Phillips, el panadero que se negó a hacer pasteles para celebrar bodas entre personas del mismo sexo y transiciones de género, y un diseñador web que rechazó servicios de bodas entre personas del mismo sexo.

Perry mencionó otro ejemplo reciente. «Colorado también aprobó recientemente una ley, la HB 1312, que exige el uso de los llamados pronombres preferentes en cualquier espacio público».

El año pasado, el Tribunal del Décimo Circuito confirmó la prohibición estatal de la terapia de conversión para menores, dictaminando que esta regula la conducta profesional, no la libertad de expresión. Esta distinción ahora está en tela de juicio ante la Corte Suprema.

Grupos de defensa de los derechos LGBTQ+ advierten que el caso podría sentar un precedente peligroso. Colorado es uno de los 24 estados, además de Washington D. C., que prohíben la llamada terapia de conversión para menores. Cinco estados tienen prohibiciones parciales. Otros cuatro, entre ellos Alabama, Georgia, Indiana y Florida, prohíben estas prohibiciones por completo.

"Para la salud de nuestros pacientes LGBTQ, es crucial que la práctica de la terapia de conversión se prohíba en todo el país", dijo Cynthia Peng de Doctors for America.

La abogada de la ADF, Kate Anderson, afirma que las implicaciones van mucho más allá de Colorado. "Piensen en las consecuencias si empezamos a restringir la libertad de expresión de los profesionales en este país", dijo.

Según la ley de Colorado, consejeros como Chiles se arriesgan a multas y a la suspensión o revocación de sus licencias. Se espera que la Corte Suprema emita un fallo en junio.