La Sala Constitucional de Costa Rica “admitió para estudio” una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal, conocida como norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo.

La acción fue presentada por los diputados Dragos Donalescu, Erick Rodríguez, Shirley Díaz, Patricia Villegas y Walter Muñoz quienes consideran que lo establecido mediante el decreto del presidente Alvarado “lesionan el derecho a la vida de la persona que está por nacer y los principios democráticos de separación de poderes y reserva de ley”, así lo explica el comunicado de la Sala.

“Veo una luz de esperanza para Costa Rica, no solo por un asunto de justicia para los no nacidos, sino, en relación con la división de poderes y el respeto a la institucionalidad costarricense” dijo la diputada Shirley Díaz a Mundo Cristiano.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana recordó que “cualquier cambio en cuanto a derechos, le es delegado del soberano (el pueblo), a los legisladores que son lo únicos llamados a legislar en esta competencia”. Este fue uno de los argumentos expuestos ante la decisión del presidente del país de establecer la norma por decreto.

La Sala Cuarta (como se le conoce a la sala constitucional del país) otorgó un plazo de quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Salud y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro para que respondan a los alegatos de los diputados.

Según la diputada se espera que otras organizaciones pro-vida presenten más recursos en contra de la norma técnica, mientras tanto “hay que pedirle el Señor que haga su divina voluntad en Costa Rica y que definitivamente oremos porque este país nunca se aparte del diseño de Dios”.