CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Seis meses después de que la Corte Suprema de Justicia de México dictaminara que penalizar el aborto era inconstitucional, un hospital en el sureño estado de Guerrero se negó a practicarle un aborto a una víctima de violación de 9 años.

El caso es un ejemplo reciente de lo que advirtieron los defensores del aborto tras el fallo de la máxima corte el año pasado: mientras cada estado no reforme su código penal seguirá habiendo obstáculos para el aborto seguro y legal en gran parte del país.

Fue solo después de que el caso de la niña de Guerrero atrajo la atención de los medios y los legisladores y activistas intervinieron que la secretaria de salud de Guerrero allanó el camino para su aborto el mes pasado.

Guerrero es uno de los 26 estados de México donde aún no se han realizado cambios en los códigos legales estatales tras el fallo de la Corte Suprema en septiembre. En enero, tres legisladores estatales presentaron un proyecto de ley para hacer precisamente eso.

El caso de la niña convulsionó a Guerrero en febrero. La niña de una remota comunidad montañesa fue violada por un familiar, que también es menor de edad.

Sus abuelos y una tía fueron a la oficina del fiscal estatal y luego a un hospital en Chilpancingo, la capital del estado. Los médicos allí se negaron, señalando que tenía más de 12 semanas de embarazo y que podría poner en riesgo su salud, una afirmación que los defensores cuestionaron.

La negativa se convirtió en una polémica en el estado.

La Iglesia Católica Romana, que sigue siendo influyente en Guerrero, expresó objeciones a que la niña abortara.

El reverendo Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, dijo que no se debió permitir, porque se debe respetar la vida. Dijo que el secretario de salud del estado “cometió un asesinato”.

Rangel Mendoza señaló “circunstancias socioculturales” que conducen al abuso sexual dentro de las familias. “Van contra una criatura inocente, ¿y por qué no contra la persona que la embarazó? ¿Dónde está esa persona? Va a seguir embarazando a las niñas”.

Las autoridades abrieron una investigación, pero los defensores involucrados en el caso dijeron que el otro menor no estaba bajo custodia.

Guerrero ocupa un lugar destacado en México en casos de abuso sexual, feminicidios y embarazo adolescente. Dos veces se han declarado alertas de violencia de género en el estado, lo que activa un mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres. Pero en las comunidades montañosas remotas, hay poca presencia del gobierno.

“Hay mucha resistencia en las instituciones que tienen la obligación de atender la violencia familiar y sexual contra la mujer”, dijo Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia la Mujer.

Los defensores dicen que han documentado al menos ocho casos de niñas y mujeres, incluida una con discapacidad, a quienes se les negó el aborto en el estado en los últimos meses después de haber sido violadas.

Neil Arias Vitinio, asesor legal del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que el tema es complicado en Guerrero debido a la apatía institucional, la impunidad generalizada y la ausencia de legislación. Ella dijo que el caso de la niña era un ejemplo de esas fuerzas en juego.

Las autoridades solo se dieron cuenta porque el caso ganó fuerza en la prensa, dijo. La mayoría de las veces los casos nunca reciben una atención generalizada y los derechos de las víctimas son pisoteados porque ocurren en comunidades remotas y pobres donde “nadie las escucha”.

Beatriz Mojica, diputada estatal que se involucró en el caso de la niña, dijo que “es un problema grave”. Dijo que era urgente despenalizar el aborto en los códigos estatales porque actualmente hay víctimas de violación encarceladas, acusadas de interrumpir sus embarazos.

Uno de esos casos fue el de una mujer de 23 años del corregimiento de Arcelia. Fue violada, pero lleva seis meses en la cárcel, acusada de asesinato tras sufrir un aborto espontáneo.

“Nosotros como sociedad no debemos permitir que nuestras niñas estén en esta situación vulnerable”, dijo Mojica. “Hemos hecho y seguimos haciendo llamados a los legisladores para que hagamos lo que se supone que debemos hacer, nuestra responsabilidad es garantizar la no criminalización de nuestras niñas, adolescentes y mujeres”.

Mojica, junto con las legisladoras Gloria Citlali Calixto y Nora Velázquez, todas del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional, propusieron a mediados de enero una legislación que despenalizaría el aborto en el código penal del estado hasta las 12 semanas. Eso estaría en línea con leyes similares en la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Colima. La legislación permanece en comisión.

Velázquez dijo que poco después de presentar el proyecto de ley, surgieron críticas públicas de políticos y activistas que se oponen al aborto. Los patrocinadores también recibieron amenazas a través de las redes sociales.

Esperaba que la atención acaparada por el caso de la niña impulsara a la legislatura estatal a reformar el código penal este año. “Legislamos para los que están sufriendo en sus comunidades”, dijo Velázquez. “No estamos promoviendo (el aborto), apoyamos legislar por el derecho a la salud, a la justicia, al desarrollo humano”.

Ricardo Cano, asesor del Frente Nacional por la Familia, que se opone al aborto, dijo que se opone a que se use el caso de la niña para impulsar la ampliación del acceso al aborto. Dijo que aprobar una reforma legal de este tipo “dejará a las niñas más vulnerables que nunca”.

“Para erradicar realmente el problema, hay que perseguir a los victimarios, perseguir a los violadores”, dijo. “Si las leyes de Guerrero no someten a estas personas a penas más fuertes, el problema seguirá ahí”.

Arias Vitinio, el defensor, también ve la impunidad en los casos de violación como una parte importante del problema en Guerrero, donde la policía se resiste a arrestar a los familiares acusados ​​incluso cuando hay una orden de arresto. Esa resistencia institucional también le generó dudas sobre el impacto de cualquier reforma legal. “Podría ser letra muerta”, dijo, sugiriendo que simplemente sería ignorada.