Cristianos protestantes desplazados de Coamila y Rancho Nuevo. Crédito: CSW

Representantes de un grupo de más de 150 cristianos protestantes, desplazados por la fuerza de sus comunidades debido a sus creencias religiosas el 26 de abril, han denunciado que están siendo presionados por funcionarios del gobierno para firmar un acuerdo que viola las protecciones de derechos humanos bajo la ley mexicana, así lo denunció el vigilante de la persecución religiosa Christian Solidarity Worldwide (CSW).

En una conferencia de prensa realizada el 15 de mayo, el Pastor Rogelio Hernández Baltazar y el líder de la iglesia Nicolás Hernández Solórzano expresaron que no desean aceptar un acuerdo impulsado por el gobierno municipal de Huejutla de los Reyes en el estado de Hidalgo para resolver la situación. El acuerdo permitiría a los líderes responsables del desplazamiento forzado masivo de las aldeas de Coamila y Rancho Nuevo multar a las víctimas con 150,000 pesos mexicanos, prohibir el regreso de tres familias y permitir que las demás familias regresen, pero con las mismas severas restricciones a la libertad de religión o creencias (FoRB) que se han impuesto al grupo religioso minoritario desde 2015.

El grupo, todos miembros de la Iglesia Bautista de la Gran Comisión, fue inicialmente refugiado en el edificio de la Presidencia Municipal. Posteriormente, fueron trasladados a otra ubicación, donde dicen depender de ayuda humanitaria y alimentos proporcionados por iglesias locales. El gobierno municipal ya no proporciona alimentos ni agua al grupo, que incluye 75 niños y bebés, y el apoyo inicial que se brindó fue groseramente insuficiente para cubrir sus necesidades.

El número total de bautistas desplazados ha crecido a más de 150, con varios individuos que estaban trabajando fuera de las aldeas en el momento del desplazamiento y no se les permite regresar a sus hogares.

Las violaciones de derechos humanos relacionadas con la FoRB han sido continuas y severas en las aldeas vecinas de Coamila y Rancho Nuevo desde 2015. Las autoridades locales han intentado repetidamente forzar a los miembros de la minoría religiosa a participar en festivales religiosos católicos romanos, incluyendo donaciones financieras, encendido de velas y participación activa en actos de culto. A pesar de la documentación detallada del caso desde 2015, el gobierno municipal continúa negando que los incidentes en Rancho Nuevo y Coamila estén relacionados con la FoRB.

Anna Lee Stangl, Jefa de Defensa de CSW, dijo: "La posición del Gobierno Municipal de Huejutla de los Reyes es indefendible. Al impulsar este acuerdo ilegal, se hacen cómplices de las violaciones egregias en curso de la libertad de religión o creencias en Coamila y Rancho Nuevo. Esto es inaceptable en un país democrático como México, que garantiza la libertad de religión o creencias para todos en su constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos de las que es parte. Hacemos un llamado a los gobiernos del Estado de Hidalgo y federal para que intervengan con urgencia y dejen claro que la libertad de religión o creencias se extiende a todos, incluyendo el Municipio de Huejutla de los Reyes, independientemente de su identidad etno-lingüística y su religión o creencias."

Rancho Nuevo y Coamila son comunidades indígenas de habla náhuatl que se rigen bajo la Ley de Usos y Costumbres. La constitución mexicana garantiza la FoRB y otros derechos humanos a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones de la FoRB son comunes entre las comunidades indígenas regidas por esta ley. Esta ley protege el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobernanza local con la condición de que se aplique en consonancia con las garantías de derechos humanos en la constitución mexicana y en las convenciones internacionales de las que México es parte. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para asegurar que estas protecciones se cumplan. Como resultado, en muchas comunidades, una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa con consecuencias de diversa gravedad para los miembros de las minorías que desean practicar una religión o creencia de su elección.