California se está moviendo para expandir y financiar dramáticamente la cantidad de abortos realizados en el estado. Su motivación: la posibilidad de que la Corte Suprema revoque Roe v. Wade este verano. 

Si el tribunal anula Roe, el tema del aborto sería entonces regulado por los estados. California es conocida a nivel nacional por sus leyes y políticas favorables al aborto y se está posicionando para servir como santuario del aborto para mujeres en estados que implementarían prohibiciones del aborto tras el fallo de la corte.

El Consejo del Futuro del Aborto del estado, dirigido por el presidente pro-Tempore del Senado Toni Atkins, Planned Parenthood y otros líderes del aborto, dice que los abortos en California podrían aumentar exponencialmente en tal escenario. 

En un informe de finales de diciembre , el consejo citó las estadísticas del Instituto Guttmacher que muestran que la cantidad de mujeres de otros estados que conducen a California para abortar podría aumentar de 46.000 a 1,4 millones, cerca de un pico del 3.000 %.

Es una tendencia que el consejo acoge con beneplácito. Atkins dijo que espera que el estado "da forma a la política pública para que California pueda seguir avanzando en el camino del progreso y la comprensión y continúe sirviendo como un faro de esperanza para el resto de nuestra nación".

Pero los defensores de la vida como Jonathan Keller, presidente del Consejo de la Familia de California, están haciendo sonar la alarma. 

Keller calificó el informe del Consejo del Futuro del Aborto como "impactante" y dijo que está especialmente preocupado por los planes del gobernador Newsom de utilizar el superávit presupuestario del estado para ampliar la financiación, no solo para los abortos para los residentes de California sino también para las mujeres de otros estados.

"Gavin Newsom en realidad está hablando de pagarle a la gente, pagarle a mujeres con embarazos no planeados para volar al estado de California, pagar sus habitaciones de hotel, cubrir todos sus gastos relacionados con el trabajo si tienen que tomarse un tiempo libre no remunerado para que pueden venir allí y acabar con la vida de sus hijos por nacer", dijo.

Keller advirtió sobre otras señales de alerta en el informe del consejo del aborto. Planea hacer retroceder la libertad religiosa al pedir que los hospitales afiliados a religiones brinden abortos.

También pide al estado que "combata... la información dañina y engañosa perpetuada por los centros de embarazo en crisis".

Anne O'Connor, vicepresidenta de asuntos legales del Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida (NIFLA), llama a eso una narrativa falsa. NIFLA tiene 147 centros miembros en California.

O'Connor le dijo a CBN News que 120 de los centros de NIFLA en California son instalaciones médicas con licencia estatal con capacidades de ultrasonido.

También destacó la victoria de la Corte Suprema de NIFLA en 2018 contra el estado. 

En NIFLA v. Becerra , el tribunal superior determinó que una ley estatal que ordena que los centros de embarazo anuncien servicios de aborto financiados por el estado  viola la Primera Enmienda.

“El estado de California ha continuado este diálogo falso de que los centros de embarazo son engañosos”, dijo. "Han intentado muchas cosas a lo largo de los años y han perdido".

O'Connor predijo que las mujeres de otros estados que viajen a California para abortar aprovecharán los centros de embarazo en crisis que ofrecen ecografías sin costo alguno.